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Fallo Judicial

Vaca Muerta: jueza falló contra municipio por el uso del agua de petroleras

La medida benefició a la firma Shell en San Patricio del Chañar. La comuna había clausurado la planta por considerarla ilegal y le había impuesto una multa de casi un millón de pesos.

A fines de diciembre, la jueza del fuero administrativo, María Cecilia Gómez, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la operadora Shell por el uso de agua para la fractura hidráulica.

La magistrada ordenó suspender la clausura que había impuesto el Juzgado de Faltas del municipio de San Patricio del Chañar y dejó sin efecto la medida, luego de que la operadora presentara su descargo por la toma de agua.

Cabe recordar que la comuna, ubicada a 55 kilómetros de Añelo, dictó una serie de normativas para regular la utilización de agua en fracturas hidráulicas y, en este marco, en octubre emitió la resolución 13.486 por medio de la cual clausuró la planta de captación de agua de la petrolera Shell, una instalación que había sido aprobada y por el ministerio de Energía de la provincia, imponiendo una multa de casi un millón de pesos.

Ante esto, la petrolera realizó una presentación y obtuvo un falló favorable de la justicia, que consideró que la toma de agua cumplía todos los requisitos , luego de que Shell ofreciera los planos, estudios de impacto ambiental y permisos aprobados.

Si bien la disposición de la jueza permite a la petrolera volver a trabaja en la planta hasta que se agote totalmente la vía administrativa, el avance del municipio en un área de competencia provincial, es uno de los puntos más conflictivos en Vaca Muerta.

El fallo de la jueza fue bien visto por las empresas petroleras que advirtieron que la clausura dispuesta por el municipio no solo implicó una pérdida económica para las firmas, sino que también representa un riesgo para las inversiones previstas y la posibilidad de generar más empleos.

Paralelamente a esta cautelar, según informó el diario “Río Negro”, las empresas presentaron un pedido de inconstitucionalidad contra la ordenanza 1300/22 y los decretos 1152/22, 1180/22, 1466/22 y 1488/22, emitidos entre septiembre y octubre por la municipalidad de San Patricio del Chañar que marcó los cambios en el uso, cobro y empresa a cargo del agua.

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