El diputado Carlos Coggiola (PDC) presentó tres proyectos orientados a contribuir ante la Emergencia Hídrica declarada en la provincia a raíz de la disminución en los cauces de agua de los ríos Limay y Neuquén.

En los informes, solicita en primer lugar conocer el canon ingresado a las arcas provinciales por el uso del agua en la actividad hidrocarburífera; de un pedido dirigido al Ejecutivo provincial para que contemple partidas extraordinarias presupuestarias destinadas a la AIC, y otro dirigido al gobierno nacional para que le transfiera el porcentaje correspondiente del canon sobre la facturación de las empresas hidroeléctricas privatizadas del Comahue.

El pedido de informe sobre los ingresos percibidos por la provincia en concepto de canon por el uso del agua en la actividad hidrocarburífera se dirige al Ministerio de Energía y Recursos Naturales y consulta sobre el valor por unidad de medida, las empresas alcanzadas por las obligaciones de pago y los respectivos aumentos de valor del canon dispuestos desde el 2019 al 2021. La consulta surge a partir de los datos difundidos por la AIC según los cuales, las empresas están autorizadas a utilizar el 4% del agua del río Neuquén para fractura hidráulica.

En tanto, el pedido al gobierno provincial de incluir en el presupuesto de los próximos dos años consecutivos un aporte extraordinario destinado a la AIC apunta a “coadyuvar a su funcionamiento y al cumplimiento de sus obligaciones estatutarias”. La sugerencia deriva de las expresiones de preocupación que se han manifestado desde las autoridades del organismo, las que cobran vital relevancia en el contexto de emergencia hídrica que requiere de mayores recursos para hacer frente no sólo a los salarios del plantel sino, además, a la consecuente actividad del organismo que se vio incrementada.

Finalmente, el legislador presentó también una solicitud al Ejecutivo nacional para que le transfiera “en forma inmediata” a AIC, el canon sobre la facturación de las empresas hidroeléctricas privatizadas del Comahue, en el porcentaje establecido en el respectivo Contrato de Concesión, dejando sin efecto las resoluciones que lo disminuyen.

En los contratos de concesión de los aprovechamientos hidroeléctricos -que fueron transferidos a empresas privadas- se le otorgó a la AIC un canon equivalente al 1,5% de todo lo pagado por la Secretaría de Energía de la Nación a las hidroeléctricas. Sin embargo, por distintos motivos, dicho canon ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo y la cartera de Energía compensa dicho desajuste con transferencias discrecionales. La situación derivó en la presentación de un trámite de reclamación administrativa por parte de la AIC ante la Secretaría en cuestión, con dictamen legal favorable para la restitución del canon en el porcentaje estipulado en el contrato de concesión.