En un fallo reciente, el máximo tribunal de Neuquén rechazó la concesión de personalidad jurídica a una comunidad mapuche autoproclamada que había reclamado derechos sobre tierras estratégicas en Tratayén, una región clave para el desarrollo energético de Vaca Muerta.

Según el diputado nacional Pablo Cervi, esta decisión reafirma la importancia de proteger áreas de interés nacional y estratégico, como los nodos de ductos de gas y petróleo que atraviesan esta zona.

El fallo responde a un conflicto iniciado en 2017, cuando se intentó crear una "pseudocomunidad" para tomar el control de tierras y recursos estratégicos. La comunidad en cuestión alegaba derechos ancestrales, a pesar de que, históricamente, no existían asentamientos mapuches reconocidos en esa área. Incluso, se intentó justificar el reclamo al enterrar restos mapuches en el territorio. Estas acciones generaron cuestionamientos legales y sociales sobre el uso indebido del estatus de comunidad para legitimar ocupaciones de tierras.

Cervi destacó que la Ley 26160, destinada a relevar comunidades indígenas, no cumplió con su propósito durante su vigencia de 2006 a 2024. Además, indicó que, en muchos casos, los relevamientos realizados han sido objeto de controversia. El diputado subrayó la necesidad de encontrar un equilibrio entre el respeto por los derechos de las comunidades y el desarrollo nacional. "Somos todos argentinos y debemos priorizar el interés general sobre los reclamos individuales", afirmó.

La región de Vaca Muerta, crucial para la economía argentina, enfrenta desafíos relacionados con infraestructura y conflictos territoriales. Cervi también apuntó a la importancia de solucionar conflictos pendientes, como el caso de la circunvalación de Villa La Angostura, y criticó la implementación de la Ley de Consulta Previa en Neuquén, que ha generado trabas en proyectos clave. El legislador abogó por un diálogo constructivo que permita avanzar en el desarrollo, respetando la calidad de vida de los habitantes locales pero sin comprometer el bienestar general.

Este fallo marca un precedente importante y refuerza la necesidad de un marco legal claro que equilibre el desarrollo económico con el reconocimiento de derechos territoriales en Argentina.
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