El gobierno de Entre Ríos ordenó el cierre de nueve canteras y cuatro plantas de lavado de arenas silíceas que sirven como insumos para la explotación en Vaca Muerta debido a que las empresas que las operaban no poseían los certificados de control de impacto ambiental actualizados.


Según informó el gobierno entrerriano, en el marco de una audiencia de conciliación desarrollada el 29 de abril pasado en el juzgado Federal de Gualeguaychú, se llegó a un consenso entre las partes, aceptándose la propuesta de las autoridades provinciales.


Se convino prohibir a las empresas que no tengan el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA), otorgado por la Secretaría de Ambiente de la provincia, realizar actividades de extracción de arena silícea de las Zonas I, II, III, IV y V de los ríos Paraná y Uruguay, en lo que concierne a la provincia de Entre Ríos, por un plazo de 45 días.


El Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, informó que 9 canteras y 4 plantas de lavado de arenas silíceas desplegaban su actividad en la zona sur de la provincia y habían finalizado el plazo de habilitación para la explotación


Las firmas fueron intimadas para cumplimentar las exigencias que establecen las normativas para este tipo de producciones extractivas, y ante el incumplimiento, la Secretaría de Ambiente decidió “el cese preventivo de sus actividades hasta tanto cumplimente los informes técnicos que exige este tipo de explotaciones”.


De las 14 areneras radicadas en las zonas, a nueve se les dispuso el cese de actividades.


De estas nueve, tres poseen informes técnicos favorables y se encuentran en proceso administrativo de certificación (dos para renovación y una en la etapa de participación ciudadana).


El Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, comentó que Entre Ríos “se ha convertido en proveedora de arena para las producciones petrolíferas de Vaca Muerta, y que en estos últimos años se ha ido intensificando, producto de que la arena en vez importarse se está obteniendo arena de origen nacional, entre las cuales las de Entre Ríos son aptas. Esto dio pie a una intensificación de la actividad minera en cuanto arenas se refiere".


El fiscal detalló que “las areneras y todas las canteras, necesitan dos tipos de habilitación. Por un lado, la de la Secretaría de Minería como establecimiento minero, habilitado para la extracción de arena; pero, además, se necesitan Certificados de Aptitud Ambiental del trabajo a realizar, que otorga a Secretaría de Ambiente”.


En ese marco, Rodríguez Signes se refirió al amparo presentado por el abogado Ricardo José Luciano en representación de Carlos Humberto Cadopp, y explicó que “el Juez Federal de Gualeguaychú, nos citó a una audiencia de conciliación previa a dictar una medida cautelar, en la cual participó junto al ministro de Producción, Juan José Bahillo”.


Explicó que en esa audiencia, desde la provincia propuso, “y el juez resolvió favorablemente, un plazo para revisar todas las autorizaciones que tienen las areneras para sus actividades". Y agregó: “Lo que se pactó fue un plazo en el cual se regularizara la situación”.


Entonces, mencionó que "ya había otro amparo similar contra la provincia de Entre Ríos, pero tramitó en el ámbito del Poder Judicial provincial. En este caso el que se interesó fue el Juez Federal, porque el tema ambiente trasciende la competencia provincial exclusivamente y es un tema en el que ejercen competencias concurrentes las provincias, la Nación, los municipios”.


“El objetivo es regularizar el cumplimiento de la Ley de Minería y de la Ley Nacional de Ambiente”, afirmó.


Entonces, remarcó que “fue una audiencia en el marco de ese proceso y el Juez dispuso como medida cautelar, receptó esta propuesta nuestra de establecer un plazo para que todos los que están en esta actividad regularicen su situación, en un plazo de 45 días”.


Finalmente, indicó que "hay muchos juicios ambientales de distintas organizaciones", pero este “es el primero en el que se hace una audiencia de conciliación convocada por el Juez Federal en Gualeguaychú y es la que concurre el Ministro y propone un plan de regularización”.