Quienes sean dueños de motos o autos con una antigüedad menor a cinco años también perderán el derecho a cobrar subsidios del Estados a la electricidad y el gas.

Esa es la propuesta que llevará el Gobierno a las audiencias públicas que se realizarán el 29 de febrero próximo, en el marco del objetivo de achicar los gastos públicos.

El Gobierno analiza una quita de subsidios generalizada para la luz y el gas a quienes tengan a su nombre un auto o moto con menos de 5 años de antigüedad. Hasta el momento esto mismo ocurría pero con vehículos con menos de tres años.

La información surge de los documentos publicados por la Secretaría de Energía, que servirán como sustento para la audiencia pública por la segmentación de tarifas y subsidios, a realizarse el jueves 29 de febrero.

Allí se presentará y pondrá a discusión la nueva «Canasta Básica Energética», una herramienta para obtener mejor eficiencia y focalización en la ayuda del Estado nacional a los hogares.

Hasta el momento, el criterio de exclusión vigente por la segmentación puesta en marcha en agosto de 2022 es que las personas que tengan a su nombre 3 o más vehículos automotores con menos de 5 años de antigüedad no tendrían subsidios y quedarían catalogadas como «Nivel 1» (N1, «ingresos altos») en su hogar.

Otros criterios patrimoniales que implicarían una eliminación de las subvenciones estatales son: si dentro del grupo conviviente hay personas con al menos una aeronave o embarcación a su nombre o si tienen dos o más inmuebles registrados.

Por el lado de los ingresos, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, anticipó que el Estado únicamente pondría la diferencia cuando los hogares destinen más del 10% de sus ingresos a pagar la electricidad y el gas natural por redes, lo que determinaría una «pobreza energética». Resta ver cómo se aplicaría también a las garrafas.

El Gobierno promete cruzar múltiples bases de datos para validar la información que provean los usuarios que soliciten subsidios. Por ejemplo, datos sobre fallecidos, pensiones no contributivas, jubilaciones, pensiones, programas sociales, empleo, inmuebles, registros de embarcaciones, padrón de automotores, aeronaves, certificados de discapacidad y electrodependientes.

También buscará datos sobre el cobro de seguros de desempleo, obras sociales y prepagas, seguros de salud, asignaciones familiares, “vivienda social”, sociedades y personas jurídicas, alumnos del sistema educativo, becas y deudores del sistema financiero registrados por el Banco Central (BCRA).

Con todo, será un desafío chequear en poco menos de dos meses millones de datos en un país con alta informalidad laboral y con un sistema que, por lógica, tiende a generar incentivos para la subdeclaración de ingresos y patrimonios, al igual que el actual Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), vigente desde hace un año y medio.

La nueva canasta básica energética debería estar definida en abril y se pondría en marcha en mayo, de acuerdo a lo que consta en el Staff Report del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los subsidios a la energía deberían caer este año entre 2500 y 3000 millones de dólares, del equivalente a 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB) a 1,1 puntos.

Una gran parte de ese ajuste se logrará con menores importaciones de energía gracias al gasoducto de Vaca Muerta, a la caída en los precios internacionales del gas y los locales de la generación eléctrica gracias a las lluvias que llenan las represas, y al aumento de tarifas. De hecho, los factores de oferta pueden aliviar la necesidad del Gobierno de hacer caer el recorte sobre los usuarios.

La segmentación energética fue objeto de discusión ya desde 2012, cuando la economía manifestó la necesidad de focalizar los subsidios, en un contexto de reversión de los superávits gemelos en déficits y el inicio del cepo al dólar.


En 2021, las diferencias sobre este tema entre el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, hicieron detonar la conducción de la política económica, hasta que en agosto de 2022 asumió como ministro Sergio Massa y tuvo las manos libres para avanzar con la quita de subsidios a los hogares de «altos» ingresos y/o patrimonios.

A nivel nacional, hay 16.125.130 (16,1 millones) de usuarios de la red eléctrica, de los cuales 5.327.173 (el 33%) son de Nivel 1 de la segmentación y no tienen subsidios; 7.971.597 (el 49,5%) son de Nivel 2 – ingresos bajos; y 2.826.360 (el 17,5% restante) son de Nivel 3 – ingresos medios. Esto significa que el 67% tienen la ayuda estatal para pagar los precios mayoristas de la energía eléctrica, que cubre más del 93% del costo. (NA).