Cr. Federico Parrilli
C. S. B. & ASOC.
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El Poder Ejecutivo ha enviado recientemente al Congreso un proyecto de ley que propone modificaciones significativas en la Ley del Impuesto a las Ganancias, específicamente en lo que respecta al mecanismo de actualización de los quebrantos impositivos. Esta iniciativa busca corregir una problemática histórica que ha afectado a los contribuyentes, especialmente en un contexto de alta inflación como el que ha vivido el país en los últimos años.

En noviembre del año pasado, la Dirección Nacional de Impuestos, dependiente del Ministerio de Economía, emitió un dictamen en el que concluyó que, bajo la normativa vigente, los quebrantos impositivos no pueden ser actualizados por inflación, ya que no existe una disposición legal que lo permita. Esta postura generó malestar entre los contribuyentes, quienes veían cómo el valor real de sus quebrantos se erosionaba año tras año debido a la inflación, sin posibilidad de compensación.

El proyecto de reforma presentado por el Poder Ejecutivo busca revertir esta situación, permitiendo la actualización de los quebrantos a partir del 1 de enero de 2025. Sin embargo, la propuesta no está exenta de controversias y limitaciones que han generado críticas entre los contribuyentes.

Uno de los aspectos más destacados de la reforma es que, a partir del 1 de enero de 2025, los contribuyentes podrán actualizar sus quebrantos utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto significa que, por primera vez, los quebrantos generados a partir de esa fecha podrán ser ajustados por inflación sin necesidad de recurrir a la justicia para reclamar su aplicación. Este cambio es sin duda un avance importante, ya que brinda mayor certeza y equidad a los contribuyentes, permitiéndoles mantener el valor real de sus quebrantos en un contexto inflacionario.

Sin embargo, el proyecto no es tan benevolente con los quebrantos generados con anterioridad a la reforma. Para estos casos, el fisco ha decidido inhabilitar la actualización desde el momento en que se generaron, lo que ha generado un fuerte rechazo entre los contribuyentes. En un país que ha experimentado una inflación acumulada del 1.893% entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024, esta decisión implica una pérdida significativa del valor real de los quebrantos para aquellos que los acumularon en años anteriores.

Además, el proyecto establece que los quebrantos anteriores solo podrán ajustarse tomando en cuenta la inflación ocurrida desde el mes de cierre del último ejercicio que se inicie con anterioridad al 1 de enero de 2025 y el mes de cierre de su utilización. Esto significa que, por ejemplo, para un contribuyente con cierre en diciembre, los quebrantos solo podrán ajustarse a partir de diciembre de 2024 en adelante. En cambio, para una empresa con cierre en enero, la variación se calculará desde enero de 2024. Esta discrepancia genera una situación de inequidad entre los contribuyentes, ya que el beneficio de la actualización dependerá del período de cierre de cada uno.

Finalmente, el proyecto establece que la actualización de quebrantos será operativa siempre y cuando el contribuyente desista de la actualización de los quebrantos anteriores. En caso de que ya se haya realizado la actualización, el contribuyente podrá desistir de dicha condición, regularizando el impuesto con la condonación de multas, intereses y demás sanciones, y pagando en hasta 36 cuotas sin intereses.
Esta disposición, aunque parece ofrecer una salida, tiene un efecto indirecto: al permitir rectificar una declaración jurada eliminando el ajuste del quebranto, el fisco está reconociendo implícitamente que los contribuyentes podrían haber obtenido un ahorro por inflación si hubieran podido actualizar sus quebrantos. Sin embargo, al no permitir la actualización del capital y ofrecer un plan de pago a largo plazo, el beneficio real para los contribuyentes es limitado.

La reforma propuesta por el Poder Ejecutivo es un paso en la dirección correcta, ya que reconoce la necesidad de actualizar los quebrantos impositivos en un contexto inflacionario. Sin embargo, la exclusión de los quebrantos anteriores y las diferencias en el tratamiento según el período de cierre generan una sensación de injusticia entre los contribuyentes. Será fundamental que, durante el debate legislativo, se consideren ajustes que permitan una solución más equitativa para todos los afectados, especialmente en un país donde la inflación ha sido una constante en los últimos años.