En septiembre se realizó el juicio por jurados, que demandó seis intensas y largas jornadas, durante las cuales desfilaron más de 20 testigos que ayudaron a reconstruir el crimen y al finalizar, el jurado popular falló dando por probada la teoría fiscal, por mayoría de votos.

Así, dieron por acreditado que el 10 de julio del 2020, Miranda -ex empleada de la víctima- merodeó por las inmediaciones de la casa de Mora, aguardó el momento en que éste quedó solo y entró a la vivienda con el único propósito de robarle dinero para saldar sus deudas producto del juego. Le debía plata a quien le alquilaba su casa y también al casino, tras una maniobra fraudulenta que logró hacer a los empleados de una quiniela.

Una vez dentro, Miranda intimidó al abuelo Mora para que le entregara todos sus ahorros, pero el hombre se negó a decirle dónde guardaba el efectivo. Por ese motivo, la mujer lo torturó hasta matarlo, generándole reiterados cortes en distintas partes de su cuerpo y llegando hasta generar mutilaciones. La autopsia dio cuenta de 117 heridas que dejaron en claro el sufrimiento del abuelo al ser asesinado. La asesina, luego, limpió la escena y huyó con el dinero, el cual comenzó a utilizar para saldar sus deudas en los días posteriores al crimen.

A pesar del cambio de defensa en el comienzo de la causa, las defensoras particulares Celina Fernández y Jorgelina Montero sostuvieron la misma teoría alternativa que sus predecesoras: que el abuelo tenía un historial de haberles preguntado a sus ex empleadas para mantener relaciones amorosas con él, y esa situación se repitió con Miranda. Sin embargo, el crudo antecedente de abusos y violencia vivido por su defendida desde pequeña, influyeron al activar en ella una respuesta desmedida, que la llevó a matar a su ex empleador. Esto no pudo ser acreditado en el juicio.

Fue así que el fallo del jurado condenó a Sara Miranda como autora de los delitos de homicidio doblemente agravado por ensañamiento y criminis causa y robo agravado por el uso de arma.