El pedido solicita información precisa vinculada a la efectiva aplicabilidad de la ley provincial 2648, así como también de las ordenanzas Nº269/17 y la Nº144/20, vinculadas a la materia. La información solicitada recae sobre los programas de educación ambiental que promuevan la reducción de residuos generados en origen y la utilización de productos duraderos o reutilizables, la separación y aprovechamiento en origen, la adopción de conductas responsables con el ambiente y los sistemas de gestión adoptados.

A la vez, consulta por el plan de educación ambiental implementado en las escuelas; la metodología de recolección de residuos domiciliarios, tratamiento de traslado y de disposición final; la cantidad de cestos de residuos emplazados a frentistas; el tipo y estado de las instalaciones destinadas al acopio y separación de materiales y, finalmente, si existe labor cooperativa u otras formas de economía social que realicen tareas de separación, acopio, valorización y/o reciclaje en la ciudad.

En los fundamentos, Castelli hace referencia a la importancia de alcanzar una gestión integral y racional de los residuos domiciliarios para el mejoramiento en la calidad de vida de la población y el ordenamiento territorial local. En ese marco, recuerda que la ordenanza 269/17 establece el ordenamiento de las acciones relacionadas con la administración de los residuos, dentro de la estrategia denominada Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), mientras que la 144/20 fija pautas para la clasificación en origen de los residuos sólidos urbanos.

Tomando como base la normativa provincial y municipal vigente, y ante los efectos del basurero local, el legislador busca conocer en detalle el tratamiento de los residuos en la localidad.